ADICAE mantendrá, este jueves, en sus conclusiones la solicitud de penas que suman en su conjunto 195 años y la obligación de resarcir a las casi 270.000 familias víctimas del fraude.
En contra de la última posición marcada por el Supremo, que considera que los múltiples delitos objeto del juicio han de ser considerados como “concurso ideal” (supone una reducción de las penas), ADICAE y sus servicios jurídicos defenderán que el caso refleja un “concurso real” en el que cada uno de los delitos ha de ser calificado y penado de forma independiente.
Frente a la posición marcada por el TS de infravaloración de penas de vinculadas a un fraude masivo al ahorro en España, ADICAE considera que los delitos de los que se acusa a la treintena de involucrados en el desfalco (estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas, blanqueo de capitales y otros delitos) no pueden encontrar como atenuante un subterfugio legal.
Por ello, la asociación seguirá solicitando los 27 años de cárcel para el expresidente de Fórum, Francisco Briones, como diseñador de todo el fraude y como responsable de toda la estructura comercial y su funcionamiento (12 años por delito continuado de estafa, 6 por insolvencia punible, 3 por falseamiento de las cuentas anuales y 6 por blanqueo de capitales, por estos cuatro delitos).
También se mantendrán las penas solicitadas desde el primer momento de 15 años y 11 meses para los exconsejeros Miguel Ángel Hijón, Agustín Fernández, Francisco José López Gilarte y Juan Maciá (8 años por delito continuado de estafa, 4 por insolvencia punible y 3 por falseamiento de las cuentas anuales).
ADICAE, como principal organización que ha defendido a los afectados desde 2006, reivindica una justicia eficaz para los pequeños ahorradores, que, en este caso, tan solo han recuperado un escaso 20,5% de sus ahorros.
El caso Fórum es la expresión de la desprotección del ahorro en España y de un grave fallo y descrédito de las instituciones y del estado de derecho que ha puesto de manifiesto la incapacidad del poder ejecutivo, legislativo y judicial para responder a un fraude descomunal.
Por todo ello, ADICAE, ante este atropello, insiste en la solución política y exige que el Gobierno cumpla el mandato que le dio el Congreso en noviembre de 2014 para garantizar los intereses y derechos de todos los perjudicados.
