La Administración Concursal de AFINSA está ultimando un envío masivo de 190.000 cartas a todos los afectados para ofrecerles la opción de recuperar el 5% de su inversión inicial y seguir en el proceso concursal, o bien que les devuelvan una filatelia de dudoso valor y salir de este proceso.
Un absurdo cuando cuando ha quedado demostrado que los afectados ni pretendían comprar sellos ni cuando el carácter financiero de la entidad ha quedado demostrado.
Una vez solicitados, se prevé que los pagos comiencen en los meses de noviembre y diciembre de este año. De los 2.207 millones de euros que Afinsa tiene retenidos tan sólo devolverán 110 millones.
Ante la complejidad del procedimiento y las dudas que suscitará entre los afectados, la Plataforma de ADICAE ultima una campaña de información por toda España a través de asambleas públicas para poder llegar al mayor número de afectados. Esta campaña de asambleas servirá también para aumentar la movilización y organización de los afectados que seguirá aumentando hasta que los políticos den una salida a esta vergonzosa situación.
La devolución de un mísero 5% después de 7 años del estallido del fraude muestra la tardanza e inutilidad del proceso concursal, por lo que ADICAE continuará la campaña de movilizaciones y acción directa reivindicativa que desde mayo llevan a cabo los afectados por toda España.
La ineficacia manifiesta de estos procesos concursales está amparada en un sistema que no está diseñado para tal magnitud de acreedores (470.000 familias en Forum, Afinsa, Arte y Naturaleza). A través de este procedimiento los afectados de Forum recuperaron otro exiguo 10% en 2009, sin previsión de futuras devoluciones, y en el caso de Arte y Naturaleza no se ha fijado ningún plazo o cifra al respecto, ni se espera que los haya.
Por eso, ADICAE exige una solución real frente al fallo manifiesto del Estado de Derecho que arroja una cuenta de: 470.000 víctimas, 10 juzgados estériles, 0 responsables y 0 soluciones. En más de 385 ocasiones se ha debatido en el Congreso y en el Senado la necesidad de soluciones políticas pero sin que lleguen a cumplir los compromisos asumidos.
Para acabar con este despropósito legal y concursal, ADICAE ha propuesto al Gobierno y a los grupos parlamentarios una solución razonable por la que el Estado adquiera los derechos reconocidos a los afectados en el proceso concursal a través de su compra por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Esta solución se asemeja a la llevada a cabo en los años 90 en el caso de la quiebra de la promotora PSV.
Ello no supondría aumento del déficit y permitiría a los afectados recuperar la mayor parte de sus ahorros, por lo que lo único que se necesitaría es voluntad política cumpliendo las promesas de solución.
