Las cifras, sacadas de la estadística sobre el Efecto de la Crisis en los Órganos Judiciales comunicada por el Consejo General del Poder Judicial, confirman que, lejos de atenuarse, el drama hipotecario en España sigue enquistado, acabando de manera abrupta con más del 1% de las hipotecas vivas cada año y sometiendo a los consumidores afectados a la deuda perpetua.
La estadística del CGPJ confirma que los lanzamientos practicados durante el tercer trimestre del año fueron 13.341, un 7,3 % más que en el mismo periodo de 2013; de ellos, casi la mitad fueron por ejecución hipotecaria, y el resto, casi en su totalidad, por impago de alquiler.
Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 22,1 % respecto al mismo periodo de 2013, fruto en la mayor parte de los casos de procedimientos ya cerrados en años anteriores, pendientes únicamente de ser llevados a cabo de manera efectiva.
ADICAE se ha dirigido en numerosas ocasiones a los diputados del Congreso trasladándoles una completa propuesta para enmendar el Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia concursal de manera que también pudiera acogerse a un concurso de acreedores las familias sobreendeudadas y renegociar su deuda para restablecer el equilibrio.
Dos años después del primer «decreto De Guindos» el ritmo de ejecuciones hipotecarias en España, lejos de disminuir, sigue exactamente igual a como empezó hace ya casi un lustro.
Casi 120 ejecuciones al día, 5 cada hora, es una cifra lo suficientemente escandalosa como para que las autoridades tomen de inmediato las medidas correctoras necesarias para frenar este fenómeno, que ADICAE lleva denunciando desde que comenzó la crisis y respecto del que ha presentado diferentes propuestas al Gobierno y al Parlamento; es urgente reabrir el debate hipotecario, reformar la legislación e implementar un procedimiento concursal específico para consumidores, algo que los parlamentarios deben llevar a cabo ya.
Detalla y articula un procedimiento concursal específico para consumidores, que permita ordenar sus deudas con arreglo a sus ingresos y que tenga como objeto evitar la pérdida de la vivienda e impedir que el consumidor se vea condenado a una deuda perpetua; sin estas medidas, y a pesar de los cantos de sirena del Gobierno respecto a la salida de la crisis, la realidad es que cientos de miles de familias seguirán abocadas al sobreendeudamiento.
