Como ya había advertido y denunciado ADICAE, la estrategia de la banca persigue limitar al máximo la reclamación de los consumidores y consolidar los beneficios de su abuso: de los dos millones de afectados por la cláusula suelo tan sólo 154.000 (un exiguo 7,7%) han reclamado.
De esta forma la unanimidad de las sentencias favorables a los consumidores por cláusulas abusivas exigen abrir el paso a una solución global y definitiva para los ‘suelos’ hipotecarios y a una verdadera acción colectiva para los conflictos masivos de consumo, así como a impulsar con urgencia el debate parlamentario sobre la Proposición de Ley sobre transparencia en la contratación cuya relevancoa destacó el Presidente de ADICAE a los diputados en su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera del pasado 7 de marzo.
Según los datos aportados más de un 98% de las 9326 sentencias dictadas durante 2017 dieron la razón a los consumidores. Ello demuestra que los bancos insisten en una posición de negativa a modificar sus pautas de relación con los consumidores, dada su nula voluntad de llegar a acuerdos justos sin necesidad de acudir a los tribunales cuando estos se están pronunciando con claridad respecto al carácter abusivo de unas cláusulas que algunos aún se permiten la licencia de defender como válidas y ‘transparentes’.
Como ya adelantó ADICAE en los informes realizados hasta ahora, el procedimiento extrajudicial habilitado por el RD 1/2017, no sirvió para lograr los objetivos que se habían marcado: lograr una solución justa para los afectados de forma extrajudicial, rápida y efectiva. Que el 87% de las reclamaciones extrajudiciales fueran denegadas, según los datos presentados en ADICAE, contrastan con el hecho de que en los tribunales, el 98,3% de las demandas han sido estimadas, lo cual pone en evidencia la falta de voluntad de las entidades y la poca eficacia del procedimiento.
Según ADICAE, la falta de voluntad para lograr acuerdos por parte de las entidades responde a un intento de dificultar y ralentizar la solución de los afectados, a la espera que de la perspectiva de un proceso más largo y más costoso desincentive su lucha y abandonen sus pretensiones, en favor de las entidades bancarias.
Esta situación pone de manifiesto la necesidad de que se habiliten procedimiento serios, rigurosos y ágiles para que los consumidores puedan defender sus derechos sin necesidad de acudir a los tribunales.
