En relación a la Iniciativa Legislativa Popular el Presidente de ADICAE, Manuel Pardos, ha señalado que “La legislación hipotecaria española, nacida en el siglo XIX y que este 2011 cumple 150 años sin haber sido retocada en lo fundamental en todo el siglo XX, requiere una modernización adecuada al carácter masivo de las hipotecas en España en un fenómeno relativamente reciente (a partir de los años 70 y el desarrollismo español) incrementado hasta el infinito en el periodo democrático”. Explicando esta iniciativa Manuel Pardos ha añadido que “no se trata de aprobar una barra libre para el impago de deudas, sino de evitar que cientos de miles de consumidores se vean condenados de por vida”.
La necesidad de esta reforma y de una nueva regulación, reclamada desde hace tres años por ADICAE, ya ha recibido el pronunciamiento favorable de jueces, juristas y todo tipo de instituciones.
Las reformas necesarias no se limitan a la “dación en pago”. No sólo la cuestión relativa a los embargos masivos planteada por la crisis requiere una renovación legislativa. También la comercialización indiscriminada de productos tóxicos como los swaps, “clips” o “coberturas de tipos” requieren de reformas legales, así como las llamadas “cláusulas suelo”, que constituyen un abuso y una irregularidad que ya ha sido sancionada por numerosos jueces y está siendo discutida en los tribunales, en los que destaca la macrodemanda colectiva presentada por ADICAE que ha revolucionado el debate hipotecario en España. Abusos todos ellos cuya erradicación temprana habría podido evitar buena parte de los cientos de miles de ejecuciones hipotecarias que se han producido desde 2007, y de las cerca de 300.000 que se prevén para 2011.
Banco de España y sector bancario, cerrados al diálogo. Las cerradas posiciones del Banco de España y de la banca en defensa de la actual legislación, posiciones que tratan de imponer al poder judicial, no son razonables ni justas ante el grave problema económico y social planteado, y “aspiran únicamente a reeditar la burbuja inmobiliaria-hipotecaria que nos ha conducido a un crisis económica de especial gravedad en España y a cargar a los consumidores el saneamiento de un sector que se ha metido él solo en la situación de dificultad que actualmente afronta”, según ha destacado el Presidente de ADICAE.
El camino de la unidad social frente a los embargos se inició ya en 2009. El Consejo de Consumidores y Usuarios, a propuesta de ADICAE, planteó la grave situación a la Presidencia del Gobierno en febrero de 2009, mediante un dictamen con propuestas de actuación y un documento con nueve medidas concretas que fue apoyado y suscrito por UGT y CCOO poniendo así de manifiesto que a pesar de que el problema hipotecario en España es mucho más grave que en los demás países de la Unión Europea, hasta el momento el Gobierno no ha tomado ninguna determinación, como por ejemplo las tomadas por Obama en EEUU de paralizar los embargos apoyando a los usuarios con el pago de intereses hasta que se supere la crisis económica.
Posteriormente la Plataforma Hipotecaria de ADICAE (red de puesta en común de actuaciones formada por más de 1.000 colectivos diversos) y los múltiples “foros hipotecarios” celebrados en los últimos dos años, en los que han participado centenares de organizaciones, afectados y representantes políticos, acordaron promover la regulación de la dación en pago en el Foro Hipotecario de Catalunya celebrado en noviembre de 2009 y posteriormente en el I Foro Hipotecario Nacional (diciembre de 2009) celebrados por ADICAE, habiendo sido asumida esta iniciativa posteriormente por organizaciones como UGT, la Plataforma de Afectados por Hipotecas, UCC (Unión de Consumidores de Catalunya), OCUC, y otras muchas, además de existir diversas organizaciones que ven favorablemente esta iniciativa y están valorando apoyarla formalmente, como Jueces para la Democracia.
4 millones de víctimas de las cláusulas suelo y los cerca de 750.000 embargados con que se prevé que se cierre el período 2007-2011 no pueden ser ignorados por el Gobierno y el Parlamento. En las reuniones que ADICAE mantendrá con políticos y diputados en los próximos días la Asociación requerirá que se aborde un debate tan imprescindible como el relativo a la adecuación de la normativa hipotecaria a una situación en la que se prevé que a finales de 2011, y desde 2007, se acerque al millón el número de familias que hayan perdido sus viviendas, en la mayoría de los casos manteniendo tras el embargo una amplia deuda con la entidad financiera.
