El equipo jurídico de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros ADICAE- dirigido por el coordinador en Madrid Fernando Herrero- y la responsable de la Oficina de Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Parla se reunieron ayer en asamblea con los alumnos afectados por el cierre de la academia Wall Street Institute, en la que estaban inscritos más de 150 alumnos.
En la reunión se estudiaron las medidas a adoptar frente a la inclusión de los afectados en los registros de morosos y a la predisposición de los bancos de iniciar demandas judiciales contra los alumnos que dejaron de pagar las cuotas de crédito desde que se produjo el cierre del centro, en octubre de 2002. Los afectados acordaron, que si en un breve plazo de tiempo no se obtiene una solución satisfactoria, presentar bajo la asesoría jurídica de ADICAE la primera demanda colectiva en Madrid contra Wall Street.
En la Asamblea de Parla también se estudió el cierre de la academia de Wall Street en Getafe, donde se ha procedido a la apertura de un nuevo centro con la intención de finalizar los cursos pendientes de impartir.
Asímismo, alumnos afectados por el cierre de los centros madrileños de Sagasta y Princesa se han puesto en contacto con ADICAE con el objeto de defender sus intereses frente a las requerimientos de las entidades financieras para cobrar un crédito por una enseñanza que no se está recibiendo.
Por otro lado, el abogado Agenor Gómez Álvarez, delegado en Galicia de ADICAE, presentó a finales del pasado mes de febrero en los Juzgados de Primera Instancia de A Coruña una demanda colectiva contra las academias Wall Street Institute y Sylvan de esta ciudad y contra las entidades financieras Pastor Serfin, BSCH, Caja Madrid, Citibank, Micro Credit y Eurobank del Mediterráneo.
En esta demanda se solicita al juez que declare resueltos los contratos de prestación del servicio de enseñanza de idiomas desde la fecha que se produjo el cierre de las academias. También se reclama la ineficacia de los contratos de financiación al estar vinculados a los de enseñanza, sin que los alumnos estén obligados a seguir pagando las cuotas de los créditos que no correspondan a clases efectivamente recibidas.
En la misma línea, se solicita que los bancos devuelvan a los alumnos las cuotas abonadas desde el cierre de Wall Street y que judicialmente se impida a las entidades financieras incluir a los afectados en los registros de morosos.
Wall Street contaba el año pasado con 122 centros abiertos, de los cuales ya han cerrado 67 academias –62 en régimen de franquicia y cinco, en propiedad- en Galicia, Málaga, Madrid, Cataluña, Extremadura y La Rioja. Ante el progresivo cierre de estos centros de enseñanza, ADICAE ha comenzado a agrupar a los alumnos perjudicados -de la misma forma que ha procedido en los casos Opening, Brighton, Oxford y Cambridge- indicando a los usuarios afectados las medidas a adoptar tanto judicial como extrajudicialmente, incluyendo la posibilidad de presentar las oportunas demandas colectivas.
