El coordinador de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros en la Comunidad Valenciana (ADICAE), Juan Pedro Ávila, informó el pasado martes 4 de febrero, en una concentración organizada por los propios estudiantes, de los derechos y reclamaciones que pueden ejercer frente a BBVA-Finanzia ante los préstamos personales de los que son titulares y que se les obligó a firmar para poder contratar los cursos de enseñanza de inglés con la academia Oxford.
La reunión, que tuvo lugar en la misma calle peatonal de Mariano Benlliure, concentró a unas ochenta personas que sufrieron el pasado verano el cierre de su academia en la Calle San Vicente y que, tras las dificultades económicas de la empresa, fueron traspasadas a otra situada en el lugar de la concentración y a la que se han visto obligados a no poder asistir como consecuencia de la negativa de BBVA a refinanciar la deuda que Oxford tenía contraída.
En esta “asamblea” organizada por los propios afectados, Juan Pedro Ávila describió la situación en la que se encontraban, el amparo legal que les arropa y las medidas que la asociación está preparando para las próximas semanas. Éstas consistían en sumarse al colectivo de afectados de Opening-Aidea, emprender demandas judiciales de manera colectiva, con un tope de 50 euros por afectado para sufragar los costes de abogado y procurador, y beneficiándose de la justicia gratuita (exención de costas) que como asociación de consumidores les ampara.
ADICAE, que es miembro constituyente de la Coordinadora Estatal de Afectados de Opening-Brighton-Wall Street, asesora y vertebra las demandas de los alumnos de Oxford en el resto de centros del país (Madrid y Cataluña) e invita a los de Comunidad Valenciana a sumarse en el colectivo junto al resto de sus compañeros.
Asimismo, ADICAE advierte que todo aquel que decida dejar de pagar las cuotas del préstamo emita el correspondiente escrito a la financiera como comprobante de la buena fe de esta decisión y evitar la inclusión injusta en registros de morosos que dificulten la concesión de futuros préstamos.
Igualmente discrepa de que la solución del arbitraje sea efectiva (tal y como se ha visto en Opening, Aidea y Brighton) ya que el hecho de que Oxford se adhiera no implica que lo hagan las financieras (que precisamente rechazan esta método como barrera de entrada para solucionar conflictos de tipo bancario).
ADICAE quiere dejar claro a los afectados que se han convertido en deudores frente a Finanzia y que ésta no se va a conformar con lo que puedan recuperar de la liquidación del patrimonio de Oxford y presionará, como ya lo ha hecho con los perjudicados por Opening, para conseguir por todos los medios el pago de las cuotas.
ADICAE advierte que la buena voluntad que ha demostrado Oxford asumiendo la integración de estos préstamos dentro de su pasivo no distraiga las reclamaciones de los afectados, pues dicha empresa puede no poder pagar dicha deuda y Finanzia acudiría, como siempre, al prestatario individualmente, y que todo ello puede suponer, como en el caso Opening, maniobras para apaciguar los ánimos.
El hecho de que retumbe el eco de que “se va a solucionar” y “no va a haber que pagar” no determina nada ya que, como ya pasó con aquellas famosas declaraciones de la ministra Ana Pastor ante el cierre de Opening asegurando que no había que pagar los préstamos, las palabras se las lleva el viento.
ADICAE recibirá la semana que viene en su sede de Paseo de Ruzafa nº5 a los afectados por este cierre y anima a todos aquellos que no acudieron a la concentración y a aquellos de Opening que se encuentren en punto muerto, a sumarse a este colectivo y ejercitar su derecho de demanda judicial colectiva como único medio que queda para solucionar la problemática.
Por parte de la asociación se vuelve a denunciar la falta de sensibilidad con el tema demostrada por los Ministerios de Sanidad y Consumo y por el de Economía, por no buscar una solución justa, mediar entre alumnos y entidades financieras, y permitir que las lagunas que presenta la actual Ley de Crédito al Consumo permanezcan vigentes en perjuicio de la parte más débil, los afectados.
Asimismo, denuncia la pasividad de la Fiscalía al no tener la suficiente iniciativa para abordar un problema que afecta ya a más de 100.000 afectados en toda España (6.000 en nuestra Comunidad) y la agresividad con que las entidades financieras están acosando a miles de afectados por un cierre y unos préstamos en los que son cómplices.
