Las coordinadoras y delegaciones que la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros ADICAE (www.adicae.net)tiene repartidas por toda España se han puesto en contacto con los diferentes centros y alumnos de las academias Wall Street Institute para evitar que los afectados por el cierre de estos centros de enseñanza no reglada se queden en la más absoluta indefensión frente a las intenciones de la compañía, propiedad en la actualidad de International Educational Prider (IEP) de cerrar todos sus centros en propiedad en España.
Los directivos de Wall Street Institute, que fue vendido por el grupo estadounidense Sylvan (actualmente Laurate) a International Educational Provider con sede social en Barcelona, han decidido cerrar los 18 centros que gestiona en propiedad la master franquicia Wall Street Institute en España y dejar que los 17 centros franquiciados decidan si continúan o no con su actividad de forma independiente. Actualmente, existen cinco centros de Wall Street en Andalucía; uno en Aragón, otro en Baleares, Cantabria y Galicia; tres en Castilla-La Mancha; dos en Castilla y León; seis en Cataluña; 4 en la Comunidad de Valencia; dos en Murcia y 14 en Madrid, sumando en total más de 3.000 alumnos, quedando muchos de ellos en una situación de indefensión ante la rescisión unilateral del contrato para impartir clases de inglés.
ADICAE es la única asociación que tiene interpuestas más de 20 demandas en toda España en respuesta a la crisis de las academias de idiomas, que comenzó con el cierre de los centros de Opening Aidea y cuyo último capítulo de la crisis de las academias de inglés es el cierre actual de los centros de Wall Street Institute.
Al cumplirse casi el tercer aniversario del más grave problema de consumo ocurrido en España en los últimos años, más de 175.000 alumnos de enseñanzas no regladas de inglés -según los datos disponibles en la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros ADICAE- se enfrentan en la actualidad a los graves problemas surgidos a raíz de la crisis de las academias de idiomas, que comenzó con el cierre de los centros de Opening, y en un efecto dominó produjo la clausura de las academias Brighton, Oxford English, Cambridge English School y, recientemente, Wall Street Institute.
Ante esta situación de desprotección, sólo 15.000 alumnos afectados han iniciado, la mayoría bajo la cobertura jurídica de asociaciones de usuarios como ADICAE, actuaciones judiciales para hacer frente a las presiones de las entidades financieras que les exigen el pago de las cuotas por unos créditos vinculados a un servicio de enseñanza que no están recibiendo.
Ante esta situación de indefensión, más de 160.000 alumnos, con una deuda media de 600 Euros, se encuentran sin la protección de la Justicia ni de las Administraciones Públicas ante las presiones de incluirlos en los registros de morosos y de iniciar demandas judiciales por reclamación de cantidad que están efectuando los bancos y cajas de ahorros involucrados en la contratación de préstamos a través de las academias ahora cerradas. Ante estas amenazas, un elevado número de afectados está pagando de forma indebida a las entidades financieras, al ignorar los mecanismos jurídicos de defensa que ponen a su disposición las asociaciones de consumidores.
Por otro lado, recientemente un juzgado de Barcelona ha anulado los contratos de enseñanza desde que cerraron los centros que Oxford tenía repartidos por Madrid, Barcelona y la comunidad valenciana, dejando de impartir unilateralmente la enseñanza de idiomas y afectando a cientos de alumnos que se encontraron sin recibir los cursos y con las entidades financieras requiriendo el pago de los créditos vinculados a la enseñanza. La resolución judicial también ha declarado resueltos los contratos de préstamo que los alumnos tenían suscritos con la principal entidad financiera demandada Finanzia Banco de Crédito S.A.
Esta resolución judicial supone un nuevo respaldo judicial que se añade a las tres sentencias dictadas de forma favorable a los usuarios (Zaragoza, A Coruña y Audiencia Provincial de Cáceres) en procedimientos judiciales iniciados por ADICAE, que establecen la no obligación de pago de los créditos contratados e incluso la devolución a los alumnos por parte de los bancos de las cantidades pagadas desde el cierre de las academias.
