El fraude de Gescartera, de inmensa importancia cualitativa en el desprestigio de la CNMV, no ha merecido comentario ni reflexión alguna por parte de PP y PSOE, a pesar de que en 2001, y ante el estallido del escándalo, ambos partidos hicieron del problema un debate político, con Comisión de Investigación Parlamentaria incluida.
Tras seis años de investigación, los escasos avances y ninguna nueva imputación ponen de manifiesto que el juicio daría los mismos resultados de haber comenzado tan sólo 6 meses después del inicio de la instrucción penal.
Ante la negativa de Fiscalía y Defensas a incorporar al procedimiento a entidades como Bankinter, Deutsche Bank y HSBC y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el fraude de Gescartera, que dio la voz de alarma respecto de los problemas del ahorro-inversión para los consumidores españoles, lleva camino de zanjarse con una condena centrada casi en exclusiva en Antonio Camacho, principal imputado en el juicio que desde ayer se celebra en la Audiencia Nacional.
A pesar de que el papel desempeñado por la CNMV está siendo y será durante todo el juicio objeto continuo y permanente de referencias y comentario por parte de acusaciones y defensas, sorprendentemente ningún representante de la CNMV ha sido imputado, ni ha sido tomada en consideración la responsabilidad del supervisor reclamada por ADICAE. De forma paralela, ningún partido político ha considerado oportuno intervenir, a pesar de la grave senda de descrédito de la CNMV que inició el llamado “caso Gescartera” y el interés político que en el año 2001 el escándalo despertó.
ADICAE, que defiende a 987 familias perjudicadas, advierte del fracaso que para los afectados supondría el no esclarecimiento del destino de los 50 millones de euros pendientes de localizar y el no resarcimiento de las víctimas al no clarificarse todas las responsabilidades civiles existentes.
