Tanto las acusaciones particulares, la acción popular ejercida por ADICAE así como la práctica totalidad de las partes procesales han presentado recurso de reforma o de apelación contra el auto del 29 de junio de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios por el que decretaba el cierre de la instrucción del caso Gescartera.
En este sentido, el equipo jurídico de la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros ADICAE(www.adicae.net)ha presentado recurso de reforma contra el cierre del sumario al considerar que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los 1.200 afectados representados por esta Asociación de consumidores y por entender que la investigación realizada por la juez se encuentra inacabada y está incompleta. Las peticiones del resto de las acusaciones coinciden con el recurso de ADICAE en considerar inacabada la investigación y solicitar a la juez Teresa Palacios la reapertura de la investigación judicial.
El sumario Gescartera es uno de los inhabituales casos judiciales en que acusaciones particulares y populares, defensas de los procesados y resto de las partes personadas en el procedimiento coinciden en rechazar el cierre de la instrucción, y solicitar la reapertura del sumario. Ante esta situación de oposición generalizada a la finalización de la investigación, ADICAE propugna por la celeridad en realizar las pruebas pendientes con el objeto de que no se eternice en los tribunales una solución judicial para los 1.200 representados por esta Asociación.
El recurso de ADICAE razona que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva de los más de mil perjudicados representados por esta Asociación, puesto que este derecho constitucional no sólo reconoce la presunción de inocencia de los imputados, sino también el derecho de los afectados a la “restitución de sus derechos indebidamente vulnerados” y a que en la investigación se practiquen “cuantas pruebas pudieran resultar necesarias para el correcto esclarecimiento de los hechos”. La investigación realizada por la juez Teresa Palacios se encuentra incompleta e inacabada, por lo que considera que el cierre del sumario se ha realizado con “una evidente celeridad, no justificada y demasiado precipitada”, lo que priva a las perjudicados de su legítimo derecho de acusación.
La investigación está inacabada porque la declaración como imputados de Pilar Valiente, Luis Ramallo, Fernández Armesto y los demás ex directivos de la CNMV garantizaría el derecho a la tutela judicial efectiva de los afectados por la estafa de Gescartera, mientras que la ausencia de esta actuación judicial privaría a los perjudicados y a la sociedad de su “derecho a que se investiguen e instruyan cuantos indicios de racionalidad pudieran converger para un correcto esclarecimiento de los hechos”.
La condena que pueda imponerse a unos pocos imputados que asuman el papel de «cabezas de turco» no esclarecerá lo ocurrido ni supondrá para los afectados la restitución de los perjuicios causados, lo cual pone en duda de manera grave y preocupante la eficacia del sistema judicial. Igualmente, faltan por fijar con claridad las responsabilidades civiles (directas y subsidiarias) así como la práctica de cuantas pruebas hayan de servir para conocer el destino de los más de 108 millones de euros pertenecientes a los afectados y “distraídos por los acusados con anterioridad a 1.998”. La aparición del dinero o conocer, al menos, el destino de los importes estafados continúa siendo la principal incógnita de Gescartera y sin cuyo averiguamiento o agotamiento de pruebas practicadas no es posible establecer el cierre de esta instrucción.
ADICAE considera incompleta la investigación porque no se ha aplicado el mismo criterio judicial de la responsabilidad civil subsidiaria de Cajamadrid a otras entidades relacionadas de forma evidente con el fraude Gescartera, como es el caso de La Caixa, Bankinter y la empresa auditora Deloitte & Touche, entre otros. Ante las reiteradas peticiones del equipo jurídico de ADICAE para aclarar la relación de la auditora con Gescartera, la juez Teresa Palacios no ha aplicado el mismo criterio que establece para Cajamadrid, a pesar de que la auditora está sancionada por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), cuyo expediente sancionador se aportó a la investigación judicial tras así solicitarlo ADICAE.
