Las líneas que a continuación se desarrollan pretenden aclarar algunas cuestiones relativas a la actuación de la Junta Única de Resolución en relación con su intervención de la entidad Banco Popular Español, S.A., señalando las bondades y los inconvenientes de la misma, así como concluir con una evaluación de las consecuencias de su actuación.
Que es y que funciones tiene la JUR
La Junta Única de Resolución (JUR) es el organismo europeo encargado de gestionar la resolución de bancos en crisis dentro de la Unión Bancaria Europea. Su papel en la supervisión bancaria no es directo, ya que la supervisión corresponde principalmente al Banco Central Europeo (BCE) y a las autoridades nacionales competentes. Sin embargo, la JUR juega un papel fundamental en la estabilidad financiera al preparar y ejecutar resoluciones bancarias cuando un banco es considerado «en riesgo de quiebra» (failing or likely to fail).
Las funciones clave de la JUR en la supervisión bancaria son las siguientes:
1. Planificación de Resolución mediante la evaluación de la capacidad de los bancos para absorber pérdidas y recapitalizarse sin afectar la estabilidad financiera. En este sentido la JUR trabaja en estrecha colaboración con el BCE y los bancos significativos de los países miembros de la UE para elaborar planes de resolución que establecen cómo actuar en caso de que un banco entre en crisis.
2. Intervención en Crisis Bancarias: si el BCE o la autoridad nacional determina que un banco está en riesgo de quiebra, la JUR evalúa si la resolución es necesaria en interés público y decide si aplicar medidas como la venta del banco, creación de un banco puente o recapitalización interna (bail-in).
3. Minimización del Impacto en los Contribuyentes: evita rescates con dinero público promoviendo el uso de fondos privados, como la conversión de deuda en capital (bail-in), y gestiona el Fondo Único de Resolución (FUR), un mecanismo financiado por el sector bancario para cubrir costos de resolución.
4. Colaboración con Supervisores y Autoridades Nacionales: trabaja con el BCE (Mecanismo Único de Supervisión – MUS) para vigilar la salud financiera de los bancos y coordina con los reguladores nacionales para asegurar la aplicación uniforme de las normas de resolución bancaria.
Aunque la supervisión bancaria es tarea del BCE, la JUR juega un papel clave en la gestión de crisis y en la aplicación de mecanismos de resolución para evitar rescates públicos. Su labor se centra en garantizar la estabilidad financiera y la protección de los contribuyentes mediante la aplicación de planes de resolución efectivos.
Decisión de la JUR y argumentos utilizados en la intervención del Banco Popular
El 7 de junio de 2017, la Junta Única de Resolución (JUR) decidió intervenir el Banco Popular Español, S.A., declarando que estaba en riesgo de quiebra (failing or likely to fail). La resolución se ejecutó mediante la venta del banco al Banco Santander, S.A. por 1€, con la amortización total de las acciones y la conversión de deuda subordinada en capital.
Los argumentos utilizados por la JUR para justificar esa intervención fueron los siguientes:
A. El Banco Popular estaba «en riesgo de quiebra». Según el Banco Central Europeo (BCE), el Banco Popular enfrentaba una grave crisis de liquidez debido a las siguientes circunstancias:
- Fuga masiva de depósitos: En los días previos, los clientes habían retirado fondos de manera acelerada.
- Dificultades para obtener liquidez adicional: No pudo conseguir suficiente financiación en el mercado ni garantías para acceder a liquidez de emergencia del BCE.
- Pérdida de confianza del mercado: La cotización de sus acciones cayó drásticamente, lo que dificultó una posible recapitalización privada.
B. La resolución era necesaria en «interés público»
Para justificar su decisión, la JUR aplicó los criterios del Reglamento 806/2014, que establece que una resolución es necesaria si:
- La quiebra desordenada del banco podría afectar la estabilidad financiera, lo que concluyó que así era.
- No había ninguna solución privada viable en el corto plazo, si bien luego se vio la posibilidad adquisición por parte de terceras entidades.
- La intervención protegía los depósitos garantizados (hasta 100.000 € por cliente).
C. La liquidación ordinaria no era una opción viable pues la JUR consideró que si el Banco Popular hubiera sido liquidado mediante un proceso de insolvencia nacional, los depositantes habrían sido los principales afectados, lo que podría haber generado un efecto dominó en el sistema bancario español y europeo.
D. Aplicación del principio de «no bail-out». Siguiendo las normas de la Unión Bancaria Europea, la resolución se realizó sin utilizar dinero público. En cambio, se aplicó el principio de «bail-in», donde los accionistas y bonistas absorbieron las pérdidas.
Como consecuencia de la intervención, la JUR determinó la amortización total de las acciones y deuda subordinada del banco, dejando sin posibilidad alguna de reclamación a los inversores, con la posterior venta inmediata al Banco Santander por 1€, garantizando con ello la continuidad de las operaciones y la protección de los depositantes que no de los inversores. Con la solución propuesta se evitaba el uso de fondos públicos.
La decisión de la JUR fue basada en la crisis de liquidez del Banco Popular, el riesgo para la estabilidad financiera y la necesidad de evitar un rescate público. Aunque la medida fue efectiva para proteger a los depositantes, generó fuertes controversias entre los inversores afectados.
Cuales fueron los fallos en la actuación de la JUR en la intervención del Banco Popular
La resolución del Banco Popular por parte de la Junta Única de Resolución (JUR) ha sido objeto de críticas y litigios por parte de accionistas y bonistas. A pesar de que los tribunales europeos han confirmado la legalidad del proceso, se han señalado varios posibles fallos en su actuación:
1. Falta de transparencia en la toma de decisiones. La JUR tomó la decisión en un proceso acelerado y sin informar adecuadamente al mercado ni a los afectados. No se publicó inmediatamente el informe de valoración independiente que justificaba la venta del banco al Santander por 1€. Esta falta de acceso a información clave impidió a los inversores defenderse antes de la intervención.
2. Valoración del Banco Popular cuestionada. La firma Deloitte realizó una valoración rápida del Banco Popular para la JUR, estimando que su valor oscilaba entre -2.000 millones y +1.500 millones de euros, una brecha demasiado amplia que generó dudas sobre la precisión del análisis. Posteriormente, algunos informes financieros indicaron que el banco podría haber sobrevivido con una ampliación de capital, lo que fue argumentado por distintas demandas judiciales.
3. Falta de exploración de alternativas. La JUR descartó rápidamente la posibilidad de que el Banco Popular consiguiera financiación privada o una ampliación de capital, a pesar de que había interés de inversores privados. Se han señalado posibles irregularidades en el proceso de venta acelerada al Santander, lo que ha llevado a especulaciones sobre si hubo un trato de favor.
4. Impacto en accionistas y bonistas. Miles de accionistas y bonistas perdieron toda su inversión, lo que generó una ola de demandas contra la JUR y el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). Se cuestionó si la intervención fue proporcional o si había alternativas menos agresivas que no hubieran perjudicado a tantos inversores.
5. Posible filtración de información sensible. Días antes de la intervención, algunos medios publicaron información que alertó a los mercados y aceleró la fuga de depósitos, lo que agravó la crisis de liquidez. Se planteó en su día si la JUR y el BCE manejaron adecuadamente la comunicación para evitar el pánico bancario.
Aunque la JUR actuó dentro del marco legal y su decisión fue respaldada por los tribunales europeos, existen dudas sobre la transparencia, la valoración del banco y la rapidez del proceso. Estos factores han llevado a una fuerte controversia y a numerosas demandas por parte de los inversores afectados.
Impacto de la decisión de la JUR sobre accionistas y bonistas del Banco Popular
La intervención del Banco Popular por parte de la Junta Única de Resolución (JUR) en junio de 2017 tuvo un impacto devastador en los accionistas y bonistas, quienes perdieron toda su inversión. A pesar de que la medida protegió a los depositantes y evitó un rescate público, generó, como se ha señalado, una ola de demandas y controversias legales.
En varios aspectos se puede analizar el impacto causado por la decisión de la JUR:
1. Pérdida total de la inversión: La resolución implicó la amortización completa de las acciones y deuda subordinada, lo que significó que los accionistas perdieron el 100% de su inversión, incluso aquellos que habían participado en la ampliación de capital de 2016 confiando en la viabilidad del banco, así como que los bonistas subordinados también quedaron sin valor. A este respecto se aplicó el mecanismo de bail-in, convirtiendo parte de la deuda en acciones que luego fueron eliminadas.
2. Reacciones y litigios legales: Miles de accionistas y bonistas afectados presentaron demandas contra la JUR, el FROB y el Banco Santander, argumentando que la resolución fue injusta y que el banco podría haberse salvado con una ampliación de capital. El Tribunal General de la Unión Europea rechazó los recursos de los afectados en 2022, confirmando que la resolución fue legal. En 2024, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) también avaló la decisión, negando cualquier compensación a los inversores.
3. Sentimiento de injusticia entre los inversores: Muchos inversores consideran que la resolución fue precipitada y que no se exploraron alternativas como la venta a otro banco en mejores condiciones. También se ha especulado sobre un posible trato de favor al Banco Santander, que adquirió el Popular por 1€, obteniendo un banco con una red de clientes y activos valiosos. La falta de transparencia en la valoración del banco por parte de Deloitte aumentó la desconfianza entre los afectados.
4. Consecuencias en el mercado financiero: La resolución sentó un precedente en la Unión Bancaria Europea, mostrando que los accionistas y bonistas son los primeros en asumir pérdidas en caso de crisis. Con esta intervención ha aumentado la percepción de riesgo en la inversión en bancos en dificultades, haciendo que los mercados reaccionen más rápidamente ante señales de crisis bancaria. Por otro lado se han reforzado las exigencias de transparencia en los procesos de resolución bancaria para evitar situaciones similares en el futuro.
La decisión de la JUR protegió la estabilidad financiera y evitó un rescate con dinero público, pero arrasó con los inversores del Banco Popular, generando un fuerte impacto económico y emocional en miles de afectados. A pesar de los intentos legales por revertir la decisión, los tribunales han ratificado la legalidad de la resolución, dejando a los accionistas y bonistas sin posibilidad de recuperar su inversión.
Evaluación de la actuación de la JUR en su intervención del Banco Popular
La intervención del Banco Popular por la Junta Única de Resolución (JUR) en junio de 2017 ha venido siendo objeto de un intenso debate. Si bien la decisión cumplió con los principios de la Unión Bancaria Europea, su implementación dejó muchas dudas sobre la transparencia y la protección de los inversores.
Los aspectos positivos de la actuación de la JUR se pueden resumir en los siguientes:
- Evitó un colapso bancario desordenado ya que la resolución garantizó la continuidad del banco y la protección de los depositantes, evitando un posible efecto contagio en el sistema financiero español y europeo.
- No hubo coste para los contribuyentes al aplicarse el principio de «bail-in», lo que significó que las pérdidas fueran asumidas por accionistas y bonistas en lugar de recurrir a fondos públicos.
- El proceso fue rápido y efectivo ya que la venta del Banco Popular al Banco Santander por 1€ se ejecutó en menos de 24 horas, evitando un pánico financiero mayor.
Sin embargo hubo muchas sombras en la actuación de la JUR y las principales críticas que se pueden realizar a la misma son:-
- Falta de transparencia en el proceso ya que la JUR no publicó de inmediato los informes de valoración que justificaban la resolución, generando dudas sobre la objetividad del proceso. Ello provocó que los inversores afectados no tuvieron oportunidad de reaccionar antes de perder su inversión.
- La valoración financiera realizada fue más que cuestionable ya que la valoración de Deloitte, que oscilaba entre -2.000 y +1.500 millones de euros, suponía una horquilla de valoración demasiado amplia, lo que generó incertidumbre sobre si la resolución era realmente necesaria. Algunos analistas argumentan que el banco podría haber sobrevivido con una ampliación de capital privada.
- Se han generado muchas dudas sobre el trato dado al Banco Santander y así se ha especulado sobre si la venta del Banco Popular por 1€ fue una oportunidad para el Santander más que una necesidad absoluta. No se exploraron otras ofertas, que las había, u otras medidas posibles para salvar el banco sin eliminar totalmente a los accionistas.
- El impacto en accionistas y bonistas fue muy importante ya que miles de inversores perdieron toda su inversión, generando una ola de demandas que han tardado años en resolverse. Al respecto y aunque los tribunales europeos validaron la resolución, los afectados consideran que la JUR no respetó el principio de equidad.
Conclusión: ¿Fue adecuada la intervención?
Desde una perspectiva financiera y de estabilidad bancaria, la JUR actuó de acuerdo con su mandato, asegurando la continuidad del banco intervenido sin recurrir a fondos públicos.
Desde una perspectiva de transparencia y protección de inversores, la actuación de la JUR deja dudas, especialmente en la valoración del banco y la falta de opciones exploradas antes de la resolución.
En general, la intervención fue efectiva en términos macroeconómicos, pero falló en proteger a los accionistas y en garantizar una mayor claridad en el proceso. La controversia generada demuestra la necesidad de revisar los mecanismos de resolución bancaria para equilibrar mejor la estabilidad financiera con la protección de inversores.
