Los vergonzosos 12 años de procedimiento, que seguramente todavía se extenderá otros 2 más, demuestran la ineficacia y el descrédito de la Justicia, que sólo sirve para dar cabida a los injustos argumentos de defensa de los acusados cuando en los primeros meses de instrucción la estafa quedó plenamente acreditada
Por otro lado, el resarcimiento de los afectados no será posible porque los defraudadores sólo responderán con sus bienes embargados, insignificantes para afrontar su responsabilidad civil
El fallo demuestra que defraudar sale barato en España. Doce años después de la estafa que el fiscal consideró el mayor fraude de la historia de este país, los 270.000 afectados ven como el Estado de derecho les da la espalda, rebajando las penas que pedía ADICAE e incluso la propia anticorrupción.
“El mayor fraude de la historia de España” se salda con tan solo 12 años y cuatro meses de cárcel para el cabecilla de esta estafa, Francisco Briones, cuando la fiscalía pedía hasta 19 años de cárcel y ADICAE elevaba la petición hasta los 27 años.
La lamentable rebaja de penas también ha afectado al resto de acusados llegando a la vergonzosa absolución de los exconsejeros Hijón, Fernández, López Gilarte y Maciá, para los que ADICAE pedía hasta 15 años de prisión.
La asociación cree que esta sentencia es un claro ejemplo del incumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en la Constitución, que hace que la resolución de un caso de esta magnitud se retrase tanto tiempo, dejando a miles de inversores y familias en la estacada.
La sentencia es un claro ejemplo de que defraudar sale barato en España y menoscaba el desincentivo a la comisión de fraudes masivos como el acreditado en esta estafa, en detrimento de los derechos de los consumidores y usuarios.
La condena penal no logrará restituir los importes a los 270.000 afectados, que hasta hoy solo han recuperado el 20% de lo que les robaron. Ni la responsabilidad civil de 3.700 millones impuesta a Briones ni las cantidades y bienes intervenidos al resto de acusados lograrán devolver el 80% restante a los afectados.
Por todo ello, ADICAE, sigue reclamando la solución política que fue aprobada hace ya cuatro años en el Congreso de los Diputados y en todos los parlamentos autonómicos, para dar una solución eficaz a las miles de familias víctimas de este gran fraude.
