Doce años después del estallido de la estafa al ahorro más grande en España después de las preferentes, ADICAE sigue reclamando una solución extrajudicial para dar respuesta eficaz a las más de 46.000 familias afectadas en la Comunidad Valenciana por un importe de cercano a los 500 millones de euros.
Para llevar a cabo esa solución el parlamento autonómico instó al Ejecutivo regional a presionar al Gobierno de la Nación a través de la proposición no de ley aprobada el 23 de junio de 2014 en las Cortes Valencianas. Así mismo, esta solución extrajudicial propuesta por ADICAE, también fue aprobada en la Comisión de Economía del Congreso el 19 de noviembre de 2014.
ADICAE se dirige ahora al presidente valenciano, Ximo Puig, porque considera “una obligación moral, legal y política” de cada Gobierno adoptar las medidas oportunas para impulsar una solución “ya planteada, ya acordada y ya exigida”, de carácter imprescindible además ante el carácter excepcional.
La asociación considera que el incumplimiento general de las múltiples promesas y compromisos de los políticos durante más de una década socava gravemente tanto los derechos de los consumidores y los afectados como su confianza en el Estado de Derecho.
La asociación considera “necesaria e imprescindible” esta solución debido al “histórico clamor parlamentario”, una vez que se han cumplido “desgraciadamente” las previsiones en lo relativo a la falta de eficacia de los procedimientos judiciales para propiciar el resarcimiento a las víctimas.
ADICAE recuerda el doble fraude que han sufrido las familias, por un lado el directamente derivado de las empresas y por otro el relativo a la deficiente e ineficaz actuación de las instituciones y la Justicia.
Con tal objetivo, los miles de afectados, junto con ADICAE, volverán a recordar públicamente este sábado 12 de mayo la situación de abandono por parte de la justicia y los poderes públicos, con concentraciones en toda España (en la Comunidad valenciana habrá una en Valencia en la Plaza del Ayuntamiento y otra en Alicante en la Plaza de la Muntanyeta), y una manifestación en Madrid, que acabará en el Congreso de los Diputados, para exigir una vez más la citada solución política.
