Pese a que la lógica dictaba la necesidad de establecer medidas para la resolución extrajudicial del abuso de las cláusulas suelo después de innumerables pronunciamientos judiciales sobre la nulidad de las mismas, el mecanismo ideado por el Ministerio de Economía ha demostrado no sólo un monumental fracaso en la defensa de los consumidores, sino su propio carácter engañoso y de protección del sector bancario, tal y como advirtió ADICAE que sucedería en ausencia de medidas que garantizasen su eficacia y los derechos de todos los consumidores afectados.
ADICAE, que sigue manteniendo que un fraude colectivo de estas dimensiones requiere una solución extrajudicial que evite que los consumidores se vean abocados a los tribunales (e incluso que ‘sean pasto’ de pseudo organizaciones o plataformas que sólo sirven de pantalla a los intereses privados de despachos de abogados disfrazados de organización ciudadana), considera la ‘Comisión de Seguimiento’ prevista en el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo una simple quimera vacía de eficacia que sólo persigue legitimar el abuso al que están siendo sometidos por los bancos cientos de miles de consumidores y generar la falsa idea de que se han establecido mecanismos eficaces de resolución de un escándalo que ya el 21 de diciembre pasado tuvo que ser abordado por instituciones europeas como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
No obstante la Asociación, a falta de acceder al contenido del texto del Real Decreto que crea esta Comisión, estima que Economía aún tendría oportunidad de corregir el mecanismo puesto en marcha si hubiese voluntad política para ello, y que la incorporación de muchas de las propuestas que ADICAE trasladó al Gobierno en enero permitiría reconducir el sistema puesto en marcha y propiciar su máxima eficacia.
Frente a esta situación, ADICAE califica de vergonzante la actitud que mantienen la inmensa mayoría de las entidades, que lejos de asumir el carácter abusivo de una práctica perpetuada durante casi una década sobre millones de consumidores hipotecados, siguen aplicando los ‘suelos’, y rechazan la devolución íntegra de las cantidades indebidamente cobradas o, peor aún, intentan engañar a los consumidores que reclaman ofreciendo cantidades muy inferiores a las que legalmente corresponden.
Una actitud que pone de manifiesto que hay entidades que sin tapujos expresan su desprecio absoluto a la legalidad y a los consumidores, como Popular, Sabadell o Unicaja, y otras que pese a operaciones de “lavado de imagen”, como Caixabank, BBVA, Liberbank, Banco Ceiss, y otras muchas, dejan claro con sus actuaciones su negativa a cumplir la ley, cesar en el abuso de los ‘suelos’ y devolver todas las cantidades debidas a todos los hipotecados.
A estas alturas, cuatro meses después de la promulgación del Real Decreto adoptado para una supuesta solución al abuso, queda claro que el Ministro De Guindos sigue ‘haciendo méritos’ ante las entidades bancarias, y que el Banco de España ‘ni está ni se le espera’; pese a que ADICAE denunció y documentó ante Linde los abusos y engaños generalizados en los que estaban incurriendo la práctica totalidad de entidades, el supervisor se lavó las manos el pasado 27 de abril manifestándose ‘incompetente’ para actuar al respecto, lo que lleva a la necesidad de evaluar la actuación de un Banco Central y tomar las medidas oportunas para evitar la apariencia de existencia de una autoridad que protege la legalidad en materia de derechos de los consumidores bancarios que en la práctica ha acreditado sobradamente sus prioridades.
La falta de solución efectiva a un abuso ya sentenciado por todos los tribunales de justicia, españoles y europeo, lleva en todo caso a los afectados a reforzar sus movilizaciones y reivindicación ante las diferentes entidades implicadas, y que serán impulsadas por ADICAE después de haber constatado la falta de efectividad del Real Decreto aprobado en enero.
