ADICAE ha exigido en los juzgados de Plaza Castilla la suspensión de las cláusulas suelo de los aproximadamente 15.000 afectados incluidos en la demanda colectiva contra 101 entidades de crédito. Existe ya suficiente jurisprudencia para ello: una sentencia del Tribunal Supremo condenando a retirarlas a BBVA, Novagalicia y Cajas Rurales Unidas, otra condenando a Bankia a quitar decenas de cláusulas suelo, y decenas de sentencias de audiencias provinciales condenando a la banca no solo a retirarlas, sino también a devolver el dinero cobrado.
En lugar de valorar la situación del global de los afectados, los abogados de la banca se han limitado a exponer supuestos conocimientos por parte de algunos afectados, sin reconocer que existen criterios jurídicos para considerar abusivas estas cláusulas. Por ejemplo la Ley de Consumidores y Usuarios estipula como cláusulas abusivas “todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causen en perjuicio del consumidor y del usuario un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.
También son cláusulas abusivas las que vinculen el contrato a la voluntad del empresario, limiten los derechos de los consumidores y usuarios, determinen la falta de reciprocidad en el contrato, impongan garantías desproporcionadas o fijen indebidamente la carga de la prueba o contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable. Sobre la transparencia de las condiciones financieras en las hipotecas, la Ley exige a las entidades que informen previamente a sus clientes de la existencia y alcance de estas cláusulas.
Durante la vista los abogados de la banca no han mostrado documentación que demuestre que informaron debidamente a los afectados sobre el perjuicio económico de las cláusulas suelo. Para el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, “la jauría de abogados de la banca ha intentado machacar a la jueza mostrando solo excepciones, como que en la demanda se ha metido alguna empresa o alguna persona con elevados conocimientos financieros. Estos casos no se corresponden con la realidad de los 15.000 afectados. Esperamos que la jueza tenga en consideración que los abogados de la banca solo han mostrado excepciones”. Además han incurrido en contradicciones, indicando en algunos momentos que la supresión de las cláusulas suelo provocaría el colapso del sistema financiero español y, en otras ocasiones, que la solvencia de la banca no correría peligro aunque se eliminasen las cláusulas suelo.
Los abogados de la banca se han opuesto a las medidas cautelares planteadas por ADICAE indicando que, si las cláusulas suelo se dejasen sin efecto mientras dura el juicio, se estaría “anticipando” una posible sentencia. Sin embargo ADICAE considera que la discusión principal debería ser si se devolverá el dinero cobrado de más a los afectados y no la suspensión de las cláusulas suelo, ya que existe jurisprudencia suficiente como para considerar que las cláusulas suelo son nulas y deben ser eliminadas. Tal y como ha recordado el presidente de ADICAE “muchos bancos están siguiendo una estrategia de negociación individual para rebajar o eliminar las cláusulas suelo, por lo que están reconociendo así que son nulas”.
Mención aparte merece la decepcionante actuación del fiscal, que ha hecho de abogado defensor de la banca. “Nos planteamos denunciarle ante la Fiscalía Defensora de los Consumidores ya que ha tenido una actuación irresponsable, repitiendo los argumentos de la banca”, explica el presidente de ADICAE. “La banca está siguiendo una estrategia coordinada para dilatar el proceso, siempre a la defensiva. Es una guerra de trincheras en la que el fiscal no está defendiendo a los consumidores”, acusa Pardos.
