La asociación cifra en 30.000 el número de hipotecas vivas con cláusula suelo que hay en Cantabria, que pagan unos sobrecostes medios de entre 100 y 300 euros al mes. El tipo de interés medio de una hipoteca en Cantabria está ya en el 4%, cuando el Euribor está diez veces más bajo. ADICAE insta al Gobierno de Cantabria a vigilar qué condiciones sufren los hipotecados de la región.
Recientemente la Dirección de Consumo de Asturias ha sancionado con 8.000 euros a los bancos con cláusula suelo, concretamente a cinco de ellos, entre los que se encuentra Liberbank. Una actuación que Cantabria podría analizar.
ADICAE Cantabria (consumidores críticos, responsables y solidarios) exige a las entidades financieras y a los bancos que operan en Cantabria que retiren las “cláusulas suelo” de los contratos hipotecarios, que apliquen el código de buenas prácticas a sus clientes sin recursos suficientes para afrontar el pago de sus hipotecas, y que no eleven de manera torticera los diferenciales que imponen en sus préstamos, que ya rozan el 4. Los abusos hipotecarios en la Comunidad amenazan a decenas de miles de consumidores.
Por aplicación de la sentencia dictada el 13 de Mayo de 2013 por el Tribunal Supremo español, en la que declara nula esta cláusula considerada abusiva, las entidades bancarias deben tomar nota y retirar a sus clientes cántabros la “cláusula suelo” de sus préstamos y créditos hipotecarios, ya que ésta deja sin efectos las bajadas del euribor, y por tanto la cuota no baja, sino que se mantiene estable en el mínimo fijado por el banco. Las entidades deben atender a las reclamaciones de los clientes proceder a la devolución de los intereses supuestamente cobrados de más.
Además las entidades financieras adheridas al “código de buenas prácticas”, así como los bancos nacionalizados y los que han recibido ayudas públicas, caso de Liberbank, Bankia o Ceiss, ente otros, deben empezar a aplicar de buena fe este código aprobado por el Gobierno, concretamente las medidas urgentes de protección para deudores hipotecarios que se recogen en el código (Real Decreto Legilslativo 6/2012 de 9 de marzo) y la ampliación de dichas medidas en la Ley 1/2013 de 14 de Mayo, que incluyen la dación en pago o quitas del capital pendiente, entre otras, de obligado cumplimiento para las entidades una vez adheridas al código.
Las entidades financieras que actúan en Cantabria tienen inmersos en procesos judiciales a cientos de sus clientes por este tipo de cláusulas, y lo que es más grave, a miles en ejecuciones hipotecarias y desahucios en los últimos años de crisis hipotecaria, que podrían evitarse en gran parte si no fuera por la negativa de las entidades a aplicar las medidas del código, por las condiciones que imponen en la reestructuración de las deudas hipotecarias con aumentos de diferencial y establecimiento de carencias, o por el aumento de las cuotas que causa esta cláusula, que contribuye a una situación de sobreendeudamiento ya agravada por otros factores como la pérdida de empleo, y que está avocando a miles de familias cántabras al impago de su hipoteca, y posterior embargo de la vivienda.
