ADICAE ha onvocado mañana a las personas afectadas por las abusivas cláusulas suelo ante la Ciudad de la Justicia para poner de manifiesto como la banca, la clase política y los tribunales se resisten a dar una solución justa y eficaz a un abuso masivo del que siguen siendo víctimas 800.000 familias en Catalunya.
Hartos de la lentitud de la Justicia para afrontar la macrodemanda presentada por la Asociación, que agrupa 12.000 casos que esperan una respuesta eficaz desde 2010, las personas afectadas harán entrega masiva de escritos de denuncia por inexplicables movimientos con los cambios de juez que se están produciendo en el procedimiento judicial colectivo de mayor magnitud que nunca ha existido en España.
Aunque se suman en decenas las sentencias ganadas por ADICAE con cientos de hipotecados las entidades siguen aplicando esta cláusula y mantienen la postura de oposición al diálogo para facilitar una solución justa. La vista, que se celebrará entre los próximos días 14 y 18 de julio en Madrid, podría suspender los «suelos» a los demandantes mientras no se resuelva el juicio y, incluso, la medida podría aplicarse a todas las hipotecas comercializadas por las 101 entidades demandadas.
Las peticiones que engloba la demanda, además de la nulidad de la cláusula, también hacen referencia a la devolución de lo pagado indebidamente ya la declaración de abusividad por el desequilibrio que implica en la relación entre las entidades y quien contrata una hipoteca . Tal y como expresa el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, «las cláusulas suelo se vendieron como una garantía de que no subirían los intereses a las cuotas hipotecarias, pero la realidad es que las entidades estaban protegiendo a sí mismas porque sabían que estos intereses no subirían sino que podían bajar, tal y como sucedió».
En el conjunto del Estado español, donde las concentraciones se seguirán en 26 ciudades, el total de afectaciones se eleva a 4 millones de personas que están pagando injustamente entre 200 y 300 euros mensuales de más a las cuotas hipotecarias por una cláusula que amenaza la economía familiar y que ha contribuido a la ejecución hipotecaria de entre un 10 y un 20% de los casos.
