En febrero la Fiscalía gallega requirió de ADICAE la aportación de las denuncias que hubieran entrado en la Asociación por «el corralito» de las preferentes y la documentación que hubiera sobre el particular. ADICAE, alegrándose por la implicación de la Fiscalía, remitió los expedientes de la sede de Vigo que hacían referencia a participaciones preferentes, obligaciones subordinadas y los denominados “valores Santander”.
A finales de mayo de este año, ante las noticias de que la Fiscalía Superior de Galicia interpondría una acción colectiva, ADICAE envío además de los mencionados 472 expedientes de afectados de las sedes de Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña, unas circulares internas de la propia entidad que explican el proceso de “colocación” del producto tóxico y captura del ahorro en perjuicio de los clientes.
En concreto se dice: “en pequeñas cantidades a un gran número de ahorradores”, “que busquen garantía de capital y de intereses» y “cuanto más al menudeo mejor”, con la “tranquilidad de que, en el caso de necesitar disponer, total o parcialmente, de su dinero, la Caja tendrá habilitado un ‘Mercado Secundario’ interno, que en un plazo máximo de 15 días desde la solicitud del cliente, nos permita hacerla efectiva”.
Estos documentos refuerzan los argumentos de ADICAE sobre la falta de información que recibieron los compradores de productos tóxicos de las cajas de ahorros gallegas, tal y como igualmente persiguen los fiscales, declarándose que un indeterminado número de clientes de Novagalicia Banco que suscribieron participaciones preferentes no fueron debidamente informados conforme dispone la normativa de protección de consumidores y la normativa sectorial de inversiones en la contratación de ese producto.
En concreto, el fiscal superior precisó que la demanda se refiere al conjunto de afectados, cifrados en 43.000 clientes, pero se plantea por «intereses difusos» al centrarse en un número de personas «indeterminado» que no recibió la información adecuada. Por lo tanto, se determinará esta cifra una vez que se dicte sentencia y se pase al proceso de ejecución de la misma.
ADICAE destaca el hecho de que los expedientes que fueron presentados para la fase de investigación (aquellos que llegaron a ADICAE antes del 28 de mayo) han sido utilizados por la fiscalía para fundamentar la demanda pero el hecho de que estos expedientes estén en la fase de investigación no implica que estén incluidos en la demanda.
El equipo jurídico de ADICAE valora la personación en el procedimiento.
ADICAE como asociación de consumidores podría personarse en la acción colectiva que promueve la Fiscalía, para la defensa de los intereses generales de los consumidores perjudicados y de los intereses individuales de sus asociados. Esta decisión está pendiente de la valoración por parte de los servicios jurídicos de la asociación. Además se están analizando otras formulas para defender los intereses de los afectados que han acudido a ADICAE, ya que la demanda que plantea la fiscalía no asegura la nulidad de los contratos y por lo tanto la
recuperación integra de los ahorros de los afectados.
Por estos motivos y hasta que la devolución de los ahorros sea un hecho desde ADICAE se seguirá impulsando a los afectados a reclamar ante los servicios de atención al cliente de las entidades comercializadoras para poder transmitir todos los casos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, puesto que si la acción de la Fiscalía prospera y cada afectado debe ir al juzgado para demostrar que fue víctima de una práctica abusiva parece lógico que se valorarán las resoluciones de la CNMV y las reclamaciones bien documentadas de cada afectado.
Además ADICAE seguirá reivindicando medidas urgentes a este grave abuso, exigiendo respuestas y soluciones efectivas a todos los niveles. Así, continúa su senda de actuaciones para exigir responsabilidades a las entidades que han comercializado de manera masiva y engañosa preferentes y otros productos tóxicos.
