La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, (www.adicae.net), lamenta el resultado de la sentencia dictada ayer por el Tribunal Supremo en el caso Gescartera por la que se absuelve a La Caixa y se rebaja la responsabilidad civil subsidiaria de Caja Madrid Bolsa dificultando la recuperación de los ahorros defraudados. ADICAE, que representa al grueso de afectados en el caso Gescartera, considera que la eficacia de la Justicia en fraudes financieros masivos a los consumidores de la índole de Gescartera radica en la capacidad para resarcir a las víctimas y denuncia que más de ocho años de proceso sólo han servido para que, una vez más, se vea socavada la confianza de los consumidores en la eficacia de los tribunales ante los sucesivos escándalos financieros a los que venimos asistiendo en los últimos once años en España.
ADICAE sostiene que la gravedad de la injusticia que engendra esta sentencia no sólo estriba en la facilidad con la que algunos de los culpables han burlado al Estado de Derecho. Esta resolución sienta un precedente de impunidad que hace de los delitos de cuello blanco una actividad económicamente apetecible y de ligeras consecuencias penales. La exoneración de la responsabilidad de varios de los principales protagonistas y de las entidades financieras que respaldaron y sostuvieron sus prácticas ilegales da pábulo a que se sigan cometiendo este tipo de agresiones a los ahorradores. El hecho de que la CNMV, órgano supervisor se haya ido “de rositas” confirma que España es un país de alto riesgo para el inversor modesto.
En este sentido, ADICAE, que desde el estallido del escándalo ha incidido en la responsabilidad de la CNMV, comparte la extrañeza del alto tribunal ante el hecho de que no se investigase en mayor medida el papel del órgano supervisor en la estafa. La sentencia, que alude en concreto a la presidenta de la agencia, Pilar Giménez-Reyna, contribuyó «a tratar de desactivar las iniciativas inspectoras de la CNMV, poniendo en juego sus influencias familiares (…). Este dato, como otros -de difícil comprensión y, sorprendentemente, sin consecuencias- relativos a las actuaciones de la CNMV que salpican la sentencia, habrían merecido ser investigados», añade el fallo.
ADICAE considera baladíes los argumentos empleados para exculpar a La Caixa, ya que asumir que la caja operó “desde fuera”, y que desconocía las actividades delictivas de los responsables de Gescartera no deja de ser sorprendente, máxime cuando era de dominio público la circulación de maletines en la oficina que la entidad tiene en el municipio madrileño de Majadahonda. Por otro lado, Caja Madrid ha visto su responsabilidad civil subsidiaria, que había sido establecida por la Audiencia, drásticamente reducida: ésta se limitará a los 19 meses que la entidad trabajó para la agencia de valores como depositaria. Parece que en España los bancos, hagan lo que hagan, nunca son responsables.
La responsabilidad penal de los artífices de la estafa también ha sido volatilizada en gran parte por la decisión del alto tribunal, dejando patente que los delitos de cuello blanco no se sancionan en España. A pesar de confirmarse la pena de once años de prisión para Camacho, máximo responsable de la firma, lamentablemente es poco probable que el antiguo presidente de Gescartera pase demasiado tiempo en prisión. De los ocho condenados, cuatro han salido limpios de cargos a pesar de la clarísima implicación en los hechos de dos de ellos.
La lentitud de los procesos judiciales deja a los afectados por fraudes masivos en una situación de indefensión. La única lectura positiva es que al menos el 80% de los afectados por Gescartera ha podido recuperar parte del dinero invertido gracias al Fondo de Garantía de Inversiones. En este sentido, ADICAE reclama un instrumento similar para las víctimas de otros fraudes masivos como el de Fórum y Afinsa.
ADICAE, que ya criticó la reforma del Código Penal de 2003 al considerar que deja fuera los delitos de “cuello blanco”, que han arruinado a cientos de miles de familias en los últimos años, hace un llamamiento al Ministerio de Justicia para que revise cuanto antes el Código Penal en aras de evitar que “estafar salga barato” y satisfacer las legítimas expectativas de las víctimas defraudadas.
