La Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros ADICAE (www.adicae.net) ha logrado que casi un centenar de castellonenses afectados por el cierre de la academia de inglés Cambridge English School el pasado 10 de febrero de 2.003 no tengan que hacer frente a los préstamos de financiación tras el cierre.
Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Castellón ha estimado así la denuncia planteada por ADICAE el pasado verano de 2.003 que, aparte de obligar a las entidades financieras implicadas a «cesar en su conducta de reclamación de las cuotas y demás cantidades devengadas”, las condena “a reintegrar las sumas percibidas” tras el cierre “así como a no remitir a los registros de morosos los datos de los particulares como consecuencia del devenir de los contratos referidos».
Se trata de la primera sentencia colectiva que surge en nuestra Comunidad como consecuencia del cierre de las academias de inglés. El letrado y también delegado de ADICAE en Castellón, D. Vicent Bellido, ya logró una sentencia favorable individual en el 2.003 que rescindía el préstamo de financiación por incumplimiento de la academia en el servicio. No obstante, esta sentencia es de gran alegría para los consumidores porque se trata de la primera colectiva en nuestro territorio y aborda de manera valiente uno de los grandes problemas que los ciudadanos afrontan durante los últimos años: tener que hacer frente durante años a un préstamo bancario cuando no se recibe el producto o el servicio contratado en las condiciones pactadas.
ADICAE tiene interpuestas en nuestra Comunidad otras dos demandas colectivas contra Cambridge y las entidades financieras vinculadas. En concreto existen más de 800 alumnos en Valencia esperando una sentencia favorable de los Juzgados (cuya audiencia previa se celebrará el próximo 24 de junio) y otros 200 en la provincia de Alicante. De igual modo, casi un millar de alumnos de Opening esperan aún un pronunciamiento similar de los juzgados de la capital del Turia cuyo procedimiento se prolonga casi 2 años ya, éstas llevadas tanto por D. Vicent Bellido como por D. Carlos Zarco, letrados de los servicios jurídicos de ADICAE C.Valenciana. Sin embargo, unos 200 alumnos valencianos afectados por el cierre de la academia Oxford obtuvieron la semana pasada una sentencia favorable de un Juzgado de Barcelona.
No obstante, pese a ser la primera a nivel de nuestra Comunidad, ADICAE ya tiene un su poder diversas sentencias judiciales a nivel nacional que obligan a las entidades financieras a no exigir el cobro de cuotas tras el cierre de las academias, devolver las cantidades pagadas tras el mismo y sacar a todos los afectados de los registros de morosos. Unos 5.000 alumnos ya se han visto beneficiados por las consecuencias de estas sentencias dictadas a favor de las reclamaciones de ADICAE.
Sin embargo, la asociación de consumidores especializada en banca, seguros y vivienda denuncia la práctica constante de determinadas entidades bancarias que, escándalo tras escándalo, continúan fomentando la financiación al consumo sin ningún tipo de control y seguridad para los clientes, adelantando todo el dinero a empresas que luego quiebran y dejan un préstamo muy oneroso al ciudadano de a pie. El último caso y más sangrante es el cierre de la empresa de multipropiedad Gardina Inmuebles aunque, en esta ocasión, las entidades bancarias se han cuidado de no caer en las mismas deficiencias que le han hecho perder tantas sentencias en los juzgados con el cierre de las academias de inglés.
ADICAE iniciará mañana jueves y hasta fin de mes una campaña de denuncia al Banco de España ante la reincidencia y falta de regulación en la comercialización de estos contratos de financiación. De esta manera, facilitará modelos de cartas a todos los consumidores para que pongan en conocimiento del Banco de España esta problemática así como que denuncien la agresividad de determinadas entidades financieras (Santander Central Hispano, BBVA y Caja Madrid) Las cartas instarán al Banco de España a que exija un mínimo de rigor en este tipo de operativa ya que se trata de empresas poco solventes que venden servicios que se prolongan en el tiempo y que, en muchos casos, luego no pueden cumplir.
Desde la asociación se advierte que el 90% de pagos aplazados que facilitan los establecimientos comerciales son créditos al consumo y que, por tanto, hay que estar bien informados de los derechos y obligaciones para luego evitar sustos desagradables.
