Ante la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios de citar hoy a los imputados por el caso Gescartera y comunicarles el auto de conclusión del sumario (dictado el pasado 1 de julio), la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros ADICAE(www.ADICAE.net)quiere trasladar a la opinión pública su oposición más radical al cierre en falso del sumario por el fraude de la agencia de valores propiedad de Antonio Camacho que afectó a más de 1.200 ahorradores, defendidos en los diversos procedimientos judiciales por esta Asociación de consumidores.
Tras el auto de la juez decretando el cierre de la instrucción, el equipo jurídico de ADICAE presentó recurso de reforma contra el cierre del sumario al considerar que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los afectados y por entender que la investigación realizada por la juez se encuentra inacabada y está incompleta. Ante esta situación procesal, ADICAE considera que carece de sentido comunicar a los imputados el cierre de la instrucción cuando aún están pendientes de resolución los recursos presentados por los servicios jurídicos de esta Asociación.
El recurso de ADICAE razona que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva de los más de mil perjudicados por Gescartera, puesto que este derecho -recogido en el art. 24 de la Constitución Española- no sólo reconoce la presunción de inocencia de los imputados, sino también el derecho de los afectados a la “restitución de sus derechos indebidamente vulnerados” y a que en la investigación se practiquen “cuantas pruebas pudieran resultar necesarias para el correcto esclarecimiento de los hechos”.
Esta Asociación, que agrupa a 1.200 afectados por Gescartera (la mayoría de los perjudicados por la actuación de Antonio Camacho), estima que las investigación realizada por la juez Teresa Palacios se encuentra incompleta e inacabada, por lo que considera que el cierre del sumario se ha realizado con “una evidente celeridad, no justificada y demasiado precipitada”, lo que priva a las perjudicados de su legítimo derecho de acusación.
La investigación está inacabada porque la declaración como imputados de Pilar Valiente, Luis Ramallo, Fernández Armesto y los demás ex directivos de la CNMV garantizaría el derecho a la tutela judicial efectiva de los afectados por la estafa de Gescartera, mientras que la ausencia de esta actuación judicial privaría a los perjudicados y a la sociedad de su “derecho a que se investiguen e instruyan cuantos indicios de racionalidad pudieran converger para un correcto esclarecimiento de los hechos”. Con el cierre de la instrucción y la apertura de juicio oral se impide que declare ante la Audiencia Nacional ningún nuevo implicado más, lo que en la práctica se traduce en que pueda estar intentándose «liquidar» el mayor escándalo financiero al que los españoles han asistido.
La condena que pueda imponerse a unos pocos imputados que asuman el papel de «cabezas de turco», no esclarecerá lo ocurrido ni supondrá para los afectados la restitución de los perjuicios causados, lo cual pone en duda de manera grave y preocupante la eficacia del sistema judicial.
Igualmente, faltan por fijar con claridad las responsabilidades civiles (directas y subsidiarias) así como la práctica de cuantas pruebas hayan de servir para conocer “el destino de los capitales de los afectados distraídos por los acusados con anterioridad a 1.998”, que continúa siendo la principal incógnita de Gescartera y sin cuyo averiguamiento o agotamiento de pruebas practicadas no es posible establecer el cierre de esta instrucción.
ADICAE considera incompleta la investigación porque no se ha aplicado el mismo criterio judicial de la responsabilidad civil subsidiaria de Cajamadrid a otras entidades relacionadas de forma evidente con el fraude Gescartera, como es el caso de La Caixa, Bankinter y la empresa auditora Deloitte & Touche, entre otros. Ante las reiteradas peticiones del equipo jurídico de ADICAE para aclarar la relación de la auditora con Gescartera, la juez Teresa Palacios no ha aplicado el mismo criterio que establece para Cajamadrid, a pesar de que la auditora está sancionada por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), cuyo expediente sancionador se aportó a la investigación judicial tras así solicitarlo ADICAE.
