Tras el auto de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios decretando el cierre de la instrucción del caso Gescartera, el equipo jurídico de la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros ADICAE www.ADICAE.netha presentado recurso de reforma contra el cierre del sumario al considerar que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los 1.200 afectados representados por esta Asociación de consumidores y por entender que la investigación realizada por la juez se encuentra inacabada y está incompleta.
El escrito de ADICAE razona que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva de los más de mil perjudicados por Gescartera, puesto que este derecho reconocido en el art. 24 de la Constitución Española no sólo reconoce la presunción de inocencia de los imputados, sino también el derecho de los afectados a la “restitución de sus derechos indebidamente vulnerados” y a que en la investigación se practiquen “cuantas pruebas pudieran resultar necesarias para el correcto esclarecimiento de los hechos”.
Asimismo, se considera vulnerado el principio de seguridad jurídica y de un proceso con todas las garantías debido al exiguo plazo concedido por la juez Teresa Palacios (diez días) para formular escrito de acusación para un caso con un desmesurado volumen documental y un enorme número de acusaciones, máxime cuando durante la instrucción no se han entregado copia a las partes de todos los documentos y pruebas obrantes en los autos.
El equipo jurídico de ADICAE estima que es imposible articular la acusación cuando falta por resolver el recurso de apelación presentado por esta Asociación contra la denegación de la declaración como imputados de altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Pilar Valiente, Luis Ramallo y Fernández Armesto).
Esta Asociación de consumidores, que agrupa a 1.200 afectados por Gescartera (la mayoría de los perjudicados por la actuación de Antonio Camacho), considera que las investigación realizada por el Juzgado Central de Instrucción núm. tres de la Audiencia Nacional se encuentra incompleta e inacabada, por lo que considera que el cierre del sumario se ha realizado con “una evidente celeridad, no justificada y demasiado precipitada”, lo que priva a las perjudicados de su legítimo derecho de acusación.
La investigación está inacabada porque la declaración como imputados de Pilar Valiente, Luis Ramallo, Fernández Armesto y los demás ex directivos de la CNMV garantizaría el derecho a la tutela judicial efectiva de los afectados por la estafa de Gescartera, mientras que la ausencia de esta actuación judicial privaría a los perjudicados y a la sociedad de su “derecho a que se investiguen e instruyan cuantos indicios de racionalidad pudieran converger para un correcto esclarecimiento de los hechos”.
Con el cierre de la instrucción y la apertura de juicio oral se impide que declare ante la Audiencia Nacional ningún nuevo implicado más, lo que en la práctica se traduce en que pueda estar intentándose «liquidar» el mayor escándalo financiero al que los españoles han asistido. La condena que pueda imponerse a unos pocos imputados que asuman el papel de «cabezas de turco», no esclarecerá lo ocurrido ni supondrá para los afectados la restitución de los perjuicios causados, lo cual pone en duda de manera grave y preocupante la eficacia del sistema judicial.
ADICAE considera incompleta la investigación porque no se ha aplicado el mismo criterio judicial de la responsabilidad civil subsidiaria de Cajamadrid a otras entidades relacionadas de forma evidente con el fraude Gescartera, como es el caso de La Caixa, Bankinter y la empresa auditora Deloitte & Touche, entre otros. Ante las reiteradas peticiones del equipo jurídico de ADICAE para aclarar la relación de la auditora con Gescartera, la juez Teresa Palacios no ha aplicado el mismo criterio que establece para Cajamadrid, a pesar de que la auditora está sancionada por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), cuyo expediente sancionador se aportó a la investigación judicial tras así solicitarlo ADICAE.
