La Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros ADICAE (www.adicae.net) valora de forma positiva la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios de abrir una pieza de responsabilidad civil subsidiaria a Caja Madrid Bolsa SVB por una cantidad de casi 14 millones de euros (2.324 millones de las antiguas pesetas) en el caso Gescartera.
Esta Asociación, que valora como un avance la responsabilidad subsidiaria de una entidad financiera, considera que no obstante esta decisión judicial no supone ninguna aportación para averiguar el destino del dinero defraudado a miles de ahorradores inversores, y que en este caso sólo cubriría en el mejor de los casos el 13% del total del dinero desaparecido en Gescartera.
Tras la apertura de esta pieza de responsabilidad de Cajamadrid, ADICAE ve posible la apertura de otras responsabilidades que viene solicitando respecto a diversas entidades como La Caixa, Bankinter, la ONCE, Deloitte & Touche, etc.. De hecho, desde el comienzo de la investigación han sido múltiples las peticiones de ADICAE para que se llamase a declarar a estas y otras entidades como imputados como paso previo a la apertura de nuevas piezas de responsabilidad civil subsidiaria.
Sin embargo, estas peticiones han sido constantemente rechazadas, si bien tras la declaración de responsabilidad subsidiaria de Caja Madrid la Asociación reiterará su solicitud nuevamente, ante la ausencia de avances significativos en el esclarecimiento de a donde fue a parar el dinero de Gescartera, algo incomprensible con todo un aparato judicial y administrativo del Estado trabajando en ello.
ADICAE quiere hacer pública su preocupación y sorpresa porque no se aplique el mismo criterio judicial de responsabilidad a otras entidades relacionadas de forma evidente con el asunto Gescartera, como es el caso de La Caixa, Bankinter y la empresa auditora Deloitte & Touche, entre otros.
Ante las reiteradas peticiones del equipo jurídico de ADICAE para aclarar la relación de la auditora con Gescartera, la juez Teresa Palacios no ha aplicado el mismo criterio que ahora establece para Cajamadrid, a pesar de que la auditora está sancionada por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), cuyo expediente sancionador se aportó a la investigación judicial tras así solicitarlo ADICAE.
Por su parte, el Fondo de Garantía de Inversiones persiste en su vergonzoso incumplimiento del pago de las indemnizaciones a las que la Ley le obliga. Tres años después del cierre de Gescartera, en torno a 500 personas continúan sin haber recibido la indemnización preceptiva por parte del FGI.
