Ante la declaración hoy martes en la Audiencia Nacional de los imputados Mª Esther Cubillas, Ignacio Núñez Benito y Jesús Núñez Núñez, directivos de Bankinter Agencia 32 entre julio de 1997 y septiembre de 1999, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros ADICAE (www.adicae.net) quiere manifestar su decisión de activar todas las medidas judiciales y legales para evitar que el asunto Gescartera quede en el olvido aprovechando el traspaso de poderes del nuevo Gobierno. ADICAE considera que la rebaja de la fianza impuesta a Antonio Camacho, principal implicado en Gescartera, en plena transición del nombramiento del fiscal general del Estado es inexplicable y expresa la posibilidad de que se pretenda cerrar en falso el caso Gescartera.
ADICAE considera que la instrucción judicial realizada no ha conseguido aclarar el destino del dinero y que la libertad de Camacho podría dar al traste con la investigación, debido a los acuerdos a que pudieran llegar con aquellas entidades que participaron junto a Gescartera en el fraude investigado, alcanzando acuerdos que enmarañarían aún más la situación. La mudanza de opinión del fiscal anticorrupción Vicente González Mota y de la juez Teresa Palacios (hace tres meses confirmaron que Camacho continuase en prisión condicional eludible bajo fianza de 1,5 millones € debido al evidente riesgo de fuga del procesado) y su coincidencia con un momento muy especial de cambio de Gobierno corrobora la tesis de ADICAE de que Gescartera ha sido un caso politizado, todo ello a pesar de que la juez de la Audiencia Nacional adoptó la extraordinaria decisión dentro de la Justicia de prorrogar dos años más la prisión provisional de un acusado.
ADICAE, que promueve la imputación de las entidades financieras HSBC, Bankinter y La Caixa, exigirá en la Audiencia Nacional que se amplíe la imputación a los antiguos cargos de la CNMV y reclamará al nuevo Gobierno, teniendo en cuenta que el PSOE cuando estaba en la oposición tuvo una actitud muy activa para descubrir las conexiones del fraude y el destino del dinero estafado, que aproveche la oportunidad de la que ahora dispone para ofrecer a la Justicia todas las pruebas que puedan existir tanto en el Ministerio de Hacienda, como en la CNMV y el Banco de España.
