El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, quien sustituye accidentalmente a la juez Teresa Palacios, remitió a última hora del viernes una providencia a las partes acusadoras en la que se les se “concedía” un plazo de 24 horas para contestar al informe del Ministerio Fiscal solicitando la libertad de los imputados a cambio de una fianza.
El Fiscal expone en su informe solicitando la libertad provisional que debido al “avance de la instrucción” se disminuye las “posibilidades de alteración u obstrucción” de la recopilación de pruebas. Asimismo justifica el levantamiento de la prisión provisional a cambio de la imposición de una fianza debido a la “reducción del riesgo de fuga” y a que, irónicamente, “ambos importes” -3.000.000 y 1.500.000 de euros- están “al alcance de quienes son los responsables (Camacho y Sardón) de un desvío de fondos que asciende a miles de millones de pesetas”.
En el escrito presentado por ADICAE, se fundamenta que la instrucción no se encuentra en el estado de progreso que considera el fiscal, debido a que la investigación realizada “no ha conseguido aclarar el destino del dinero”, y que la libertad de Camacho y Sardón “podría dar al traste, por los acuerdos a que podrían llegar con aquellas entidades que participaron junto a Gescartera, a la conclusión de acuerdos que enmarañasen aún más la situación”.
Por otro lado, la elevada cantidad de dinero defraudada, así como las más de 1.300 personas afectadas y el sistema por el que se realizó la estafa, hacen que “el depósito de la fianza solicitada sea relativamente sencillo” lo que evidencia que tanto la disponibilidad del dinero como que la pérdida de la fianza en relación con lo estafado suponga una “buena inversión” para los implicados en el caso Gescartera.
Ante esta situación de desprotección para los más de 1.200 ahorradores afectados por el caso Gescartera, ADICAE considera:
1.- Inexplicable que tras dos años de investigación, la Audiencia Nacional y las instituciones implicadas (Banco de España, Ministerio de Hacienda, CNMV y otras) no hayan sido capaces de determinar el paradero del dinero defraudado, ni establecer la identidad de todos los responsables y cómplices del enorme fraude de Gescartera, dejando a más de mil familias que ADICAE representa en el más absoluto desamparo ante la pérdida de los ahorros de toda una vida, máxime ante la arbitraria e ilegal actuación del Fondo de Garantía de Inversiones.
2.- Incomprensible que el pronunciamiento del Ministerio Fiscal, quien considera que la instrucción de la causa se encuentra avanzada, puesto que todavía faltan las importantes declaraciones de la empresa auditora (Deloitte & Touche), de los máximos responsables de la CNMV implicados (Pilar Valiente, Luis Ramallo, Antonio Alonso Ureba…), la ONCE, varios bancos implicados (Cajamadrid, La Caixa, Bankinter, Deutsche Bank…), la repetición de las declaraciones de los responsables del HSBC en España, y otras personas e instituciones que ADICAE viene solicitando desde el comienzo de las actuaciones, sin que la juez Teresa Palacios haya dado curso incomprensiblemente a los mismos. En contra de la posición del Fiscal, esta Asociación considera que existen muchas probabilidades de eliminar pruebas y fabricar coartadas que impidan el esclarecimiento de este caso que conmovió a toda la ciudadanía y estructura política española.
3.- ADICAE considera que la libertad condicional para estos delincuentes que en nada han colaborado con la Justicia ni al resarcimiento de las víctimas, constituye un gravísimo escándalo social y político que denigra a las instituciones de Justicia y crea una grave inseguridad y desconfianza en el sistema financiero español.
La concesión de la libertad para Camacho y Sardón debe regirse en base a los criterios aplicados a otros condenados por delitos de “cuello blanco” como De la Rosa, Conde, “los Albertos”, en los que se establecía como prioridad el mantenimiento en la cárcel como único medio de ejercicio de la Justicia ante los graves fraudes económicos surgidos en España en los últimos años, a los que deben sumarse los recientes escándalos como los casos BBVA y las indemnizaciones millonarias del BSCH.
