Más de mil afectados por el caso Gescartera y socios de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) han presentado un escrito al Defensor del Pueblo denunciando la “absoluta indefensión e incertidumbre” de la que están siendo víctimas por la forma de actuar de la Sociedad Gestora del Fondo de Garantía de Inversiones, que está incumpliendo su obligación legal de indemnizar con 20.000 euros a las personas que invirtieron su dinero en Gescartera Dinero Agencia de Valores.
Una vez estudiada la queja, el Defensor del Pueblo ha procedido a solicitar un informe a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Subsecretaría del Ministerio de Economía para que emitan un estudio sobre las numerosas quejas recibidas por la actuación dilatoria y evasiva de la Gestora del Fondo de Garantía de Inversiones.
En la sede central y en las delegaciones de ADICAE se han recibido numerosas reclamaciones de afectados por Gescartera denunciando el trato arbitrario, discriminatorio y dilatorio de la Sociedad Gestora del Fondo. La mayoría de las quejas se refiere a la solicitud de documentación por el Fondo de Garantía de Inversiones, pidiendo hasta cuatro veces los mismos documentos (DNI, contratos con Gescartera, extractos de las cuentas, certificado original que acredite la cuenta corriente donde se va a realizar el abono de la indemnización), y todos ellos debidamente compulsados y legitimados notarialmente, lo que supone un elevado coste para los afectados por el fraude que se investiga en la Audiencia Nacional. La Gestora incluso ha llegado a exigir un certificado del Banco de España que “reconociera” la fusión entre el Banco Santander y el Central Hispano.
Otra de las quejas más habituales es la relativa al servicio de atención prestado a los ahorradores-inversores. La Gestora del Fondo no permite la personación del interesado para recabar información sobre su expediente o para entregar la documentación solicitada, tampoco admiten la entrega de fotocopias aún llevando el documento original para comprobar su autenticidad. En ningún registro queda constancia de la documentación solicitada -la petición de documentos a los afectados por Gescartera se realiza telefónicamente- lo que provoca que el mismo expediente se solicite hasta cuatro veces.
El Fondo de Garantía de Inversiones se creó mediante Real Decreto 948/2001 el 31 de diciembre de 2001 con el objeto de regular los sistemas de indemnización de los inversores por la declaración de quiebra o suspensión judicial de pagos de las empresas de servicios de inversión y de las entidades de crédito. Las sociedades y agencias de valores están obligadas a participar en el régimen económico del Fondo siendo una Sociedad Gestora la encargada de su representación y gestión, y estando obligada por ley a indemnizar con 20.000 euros a cada inversor. El Fondo se subrogará en los derechos que los usuarios ostenten frente a la empresa de servicios de inversión, ingresando los 20.000 euros adelantados en caso de que el inversor recupere un importe superior a esta cantidad.
Desde la creación del Fondo de Garantía ha sido continuo el incumplimiento de los plazos estipulados por ley para cumplir sus obligaciones. El Fondo debería haber indemnizado a los afectados por Gescartera en menos de tres meses desde su creación, pudiendo solicitar a la CNMV una prórroga de otros tres meses por causas justificadas. Pero hasta la fecha, poco más de un centenar de los más de 1.200 afectados ha cobrado la indemnización legal a pesar de ser el 30 de junio de 2002 el último día para haber abonado a los ahorradores-inversores el importe reconocido por ley para el caso Gescartera.
